Acciones con los tres organismos del estado, para promover legislación, políticas publicas y cambios en el sistema de justicia que permitan un correcto abordaje de la violencia sexual y trata de personas y desincentiven al migración irregular.
Acompañamiento técnico para el fortalecimiento de capacidades de las instituciones del Estado responsables de la protección de la niñez y adolescencia, cuya debilidad estructural no les permite responder de forma eficiente.
